23 octubre 2020

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Una batalla electoral en Bolivia que define el vínculo con la Argentina

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El gobierno argentino tiene un ojo puesto en las elecciones generales en Bolivia de este domingo 18 de octubre por múltiples razones. En primer lugar, porque el voto de la comunidad boliviana en el país puede ser clave en una disputa demasiado abierta aún y en la que ni el masismo de Evo Morales ni el amplio arco antimasista que lo demoniza parecen dispuestos a aceptar un resultado que no sea tan amplio como incuestionable. Segundo, porque de un resultado libre de trances depende la normalización del vínculo entre ambos países, casi paralizado desde diciembre de 2019, y con contratos gasíferos todavía vigentes.

“Legisladores argentinos fueron maltratados al llegar a La Paz para cumplir con sus tareas de veedores de las elecciones del próximo domingo. Es directa responsabilidad del gobierno de facto de @JeanineAnez preservar la integridad de la delegación argentina”, tuiteó ayer el propio Alberto Fernández denunciando la retención al diputado Federico Fagioli, en La Paz.

Hoy la relación entre ambos gobiernos es prácticamente nula. Apenas se mantienen contactos por nota diplomática para resolver cuestiones vinculadas a las acreditaciones de personal del servicio exterior y la obligada cooperación en temas judiciales, además de otras cuestiones técnicas, pero que se manejan directamente desde las capitales, como lo referente al aprovisionamiento de gas a la Argentina. La pandemia mantuvo activos también otros vasos comunicantes a través de las fuerzas armadas en zonas fronterizas ya que, en el norte argentino, hay pueblos a los que solo se puede acceder a través de territorio boliviano.

No obstante ello, a nivel político, el gobierno de Fernández fue claro al acceder al poder en cuanto a que no reconocería la legalidad y legitimidad de Añez. Esa posición, sumada a la decisión de recibir a Morales en el país y no silenciarlo —si bien se le pidió que modere su actividad política luego de los reclamos de Estados Unidos— desencadenaron una sucesión de repudios desde La Paz. Cartas y tuits de Añez y sus ministros y hasta una queja ante Naciones Unidas.

Muy significativo de este quiebre es el hecho que la embajada argentina sigue vacante tras el retorno del representante político de Mauricio Macri. Quien sonaba como su sucesor, Ariel Basteiro –había ocupado aquella misión entre 2012 y 2015 y auxilió a Morales en sus primeras semanas en Buenos Aires– finalmente fue designado al frente del Astillero Río Santiago. Los resultados de esta elección podrían determinar el perfil de quien asuma la misión. De momento, permanece en manos del encargado de negocios, Diego Alonso Garcés, con estatus equivalente en Buenos Aires.

Pese a la fractura, Argentina y Bolivia siguen interconectados por diversas razones. Una de ellas es que en el país estarán habilitados para votar 142.173 residentes bolivianos, la mitad del padrón en el exterior. Aunque apenas contabiliza un 4 por ciento del total de los 7,3 millones electores, esta batalla se puede definir por la mínima cuando se trata de superar la barrera del 40 por ciento con diez puntos de diferencia con el segundo. Cada voto cuenta.

Del total de bolivianos habilitados para votar en la Argentina, más del 75 por ciento (107.203 residentes) se concentra en la región del AMBA.

Pese a que no sufragan mucho más de las dos terceras partes del total, la tendencia favorece al masismo. Tras las elecciones de 2019, uno de los cuestionamientos por presuntas irregularidades se centró, precisamente, en el desempeño de los funcionarios del órgano electoral en la Argentina.

El pasado 13 de octubre, el representante en el país de Comunidad Ciudadana, la fuerza del candidato Carlos Mesa, envió una carta al titular del TSE denunciando que los notarios electorales contratados mantienen vinculaciones con el masismo por lo que su parcialidad se veía comprometida. Los acusó, por caso, de tapar las propagandas de su candidato en Liniers, La Matanza, Escobar, Pilar y zonas del Gran Buenos Aires con los afiches reglamentarios para ejercer el voto.

El otro nexo fuerte entre ambos Estados son los contratos de importación de gas firmados en 2016 y vigentes hasta 2026 que ni siquiera Añez se atrevió a cancelar. La última versión del Plan Gas que presentó Fernández esta semana aspira a motorizar la producción local hasta 2023 para reducir las importaciones en un nivel equivalente al que provee Bolivia. También busca un precio máximo de compra de 3.70 dólares por millón de BTU contra la tarifa boliviana que ronda hoy los 5 y 6 dólares.

Si bien, a priori, puede resultar perjudicial para el país vecino, lo cierto es que la baja producción de gas en Bolivia lo pone en riesgo de incumplimiento porque debería incrementar el volúmen de importación desde 2021 o enfrentar multas. Especialistas aseguran que el país no tendría hoy la capacidad de asumir ese compromiso con sus niveles actuales de generación. Y aunque en todo este tiempo se mantuvo el diálogo técnico, cualquier negociación demanda un mínimo nivel de reconocimiento político entre ambos gobiernos.

Fuente: Perfil

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